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Por: Fabio Valdés Benssason

La columna vertebral del sistema de justicia penal mexicano era y por desgracia sigue siendo la resolución de término constitucional, de ella en solvente discurso legitimador se extraía la protección a los gobernados bajo la lógica de que la pena anticipada no era inmerecida sino consecuencia de un juicio previo llamado formal prisión en el que se analizaba la plena existencia de los elementos del cuerpo del delito y la probable responsabilidad penal era casi cierta o al menos más probable que para el otorgamiento de una orden de aprehensión, de ahí que llamarle prisión preventiva es, por decir lo menos, un eufemismo tan descarado como ahora nombrar vinculación a proceso al auto de formal prisión.

Las ideas que en riguroso orden se expresarán, no deben ser vistas como una lamentable crítica a esta figura jurídica y sus efectos, pues como se dijo, era el pilar de una justicia penal poco más joven que dos centenarios y sin duda superaba en mucho las expectativas de una ejecución sumaria, no cabe duda que en su época fue una evolución significativa. El espíritu innovador suele hacerse viejo con el paso de los años, sobre todo en el mundo de las ideas que pueden cambiarlo todo aunque estén ausentes de peso y materia. Por eso, es necesario más que justo, preguntarse qué tan válido es un pre-juicio para aprisionar a alguien tal y como propone el artículo 19 constitucional en vigencia.

 

Sin duda la prisión preventiva es necesaria en muchos casos y de ello tratarán las medidas cautelares, pero ¿y el pre-juicio a quién sirve?

 

ANÁLISIS TÉCNICO

Desde la constitución de 1857 se establecía la exigencia de aplicar “con auto motivado” la prisión a una persona sin que haya sido enjuiciada. Esta determinación encontró y encuentra su soporte ciento cincuenta y nueve años depués en el artículo 19 con algunas modificaciónes que vale la pena analizar.

 

Primero.- La prisión preventiva en sí misma no es un inconveniente constitucional o inconvencional por lo que no se pretende abolir su vigencia o impedir su aplicación.

 

Segundo.- Condicionar la aplicación de la prisión preventiva a los temas centrales del Juicio como los son el hecho delictivo y la intervención del imputado, implica directamente un desconocimiento a la presunción de inocencia como un derecho fundamental que garantiza el debido proceso penal (art 20 apartado B fracción I CPEUM).

 

Tercero.- La aplicación “oficiosa” de la prisión preventiva vinculada al análisis de los temas centrales de juicio es tetra violatoria de derechos pues además de anular la presunción de inocencia impacta en controversia con otros derechos constitucionales como ahora se indicará:

  1. a) Artículo 16 Constitucional exige que los actos de molestia sean fundados y motivados, sobre esta segunda exigencia naturalmente hay deficiencia y en esta medida controversia porque la excepcionalidad, proporcionalidad y subsidariedad, no son tema de debate en la vinculación a proceso de acuerdo al articulo 19 constitucional vigente.

 

  1. b) La exclusión de debate sobre la excepcionalidad de éstos dejando en manos del órgano jurisdiccional la aplicación de la prisión preventiva

 

  1. c) También impacta en el derecho que tiene toda persona imputada a una defensa adecuada, pues en la medida que el organo jurisdiccional aplique la prisión preventiva sin mediar debate sobre los principios que rigen a toda medida cautelar se anula la posibilidad de cuestionar desde la defensa la propocionalidad y subsidiariedad de esta determinación que deja der excepcional para convertirse en regla.

 

ANÁLISIS PRÁCTICO

 

La vinculación del imputado a proceso como una mal lograda evolución del auto de formal prisión tiene en práctica más efectos nocivos que en la academia y se pueden identificar de la siguiente manera:

 

Se genera prematuramente un debate sobre los temas propios del Juicio lo que impacta negativamente al Misterio Público y a la Defensa.

  1. a) Al Ministerio Público se le obliga a generar una exposición urgente y con frecuencia inacabada del hecho sobre el que apenas tuvo conocimiento en los casos de investigación con detenido, que son la mayoría, generando la imposibilidad de modificarlos, pues de hacerlo rompería el principio de congruencia, es decir, se llevan a juicio oral los hechos delictivos relevantes que el Ministerio Público pudo identificar en horas, provinientes de una investigación de horas (no más de 48 como regla).

 

Por su parte la defensa con menos tiempo aún, debe enfocarse en el hecho delictivo y la participación por su efecto directo en la libertad del investigado, dejando de lado la importancia de entrar a discutir sobre la necesidad y proporcionalidad de una medida cautelar a la vez de que corre el riesgo de enmendar en su perjuicio la investigación al anticipar su estrategia defensiva. Por su puesto que la prisión preventiva oficiosa acentúa estos efectos nocivos.

 

  1. b) En caso de que haya detenido, se debe recabar en 48 horas la información que justifique la legalidad de este acto, la relativa a la sustanciación de las medidas cautelares y adémas colmar las exigencias del 19 constitucional en torno a la vinculación a proceso, que dicho sea de paso es el grueso del debate en esta audiencia, lo que si bien no resulta imposible, es innecesariamente complicado y con costos altos para la calidad de los temas propios en este momento procesal como los son la legalidad de la detención y la necesidad de cautela.

 

  1. c) El tema central sigue siendo, mientras haya vinculación a proceso, el relativo al hecho delictivo y la participación, tan es así que se genera un plazo de hasta 144 horas para la busqueda de información propia para el debate sobre estos tópicos, exponiendo las incipientes hipótesis de investigación como teoría del caso que definirá los alcances del juicio mismo, tan es así que hay debate sobre la admisión “de prueba”.

 

La interrogante sería ¿a quien beneficia anticipar los temas de juicio?

Si bien debe haber un momento propicio para la depuración de los temas de juicio, lo cierto es que “las urgencias” de la situación juridica actual derivadas del 19 no son para nadie la mejor alternativa en aras de un buen juicio, sacrificando lo mas por lo menos.

 

  1. d) Cuando el órgano jurisdiccional se pronuncia específicamente sobre el hecho y su clasificación juridica, la autoría y formas de participación, genera un prejuicio para el tribunal de juicio oral que se hará cargo justamente de esas premisas, la imparcialidad del tribunal a que alude la fracción IV del 20 Constitucional no se garantiza con la diferenciación de roles judiciales (Juez de control, de jucio, de ejecución), sino con la diferenciación de los temas o asuntos sobre los que resuelve, siendo los de la vinculación a proceso la esencia de los del juicio.

 

  1. e) La vinculación del imputado a proceso es percibida en la actualidad como un acto de molestia en sí mismo incluso por los Tribunales de Amparo que estiman, de acuerdo a sus criterios, que afecta directamente la libertad de las personas, lo que es incuestionable cuando se añade la prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, sobre este tema hay nueva figura jurídica que legitima al estado, como lo son las medidas cautelares y los riesgos de su aplicación sin debate.

 

CONCLUSIÓN

Sólo mediante la desaparición del auto de término constitucional se podrá evolucionar sobre la prisión preventiva en su compleja dicotomía. Por un lado, la obligación del estado a garatizar un debido proceso que depende frágilmente de la presunción de inocencia, el derecho a la defensa y el estímulo procesal sobre las decisiones judiciales de fondo como soporte de un sistema acusatorio; y por otra parte, legitimar el poder coercitivo del Estado para garantizar que se cumplan con los fines esenciales del procedimiento sin contaminar el juicio mismo en un evidente contrasentido.