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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, DEROGA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA PENAL

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La base constitucional para la adopción del sistema procesal acusatorio en México que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008 fue producto, en algunos de sus componentes, de una solución de compromiso entre los diversos actores que participaron en su elaboración. Se ha señalado por operadores del sistema y expertos en derecho procesal penal, que sus orientaciones no necesariamente coinciden con el único propósito de establecer un marco para consolidar las garantías del debido proceso en México y crear una sólida base para permitir que la investigación de los delitos se haga sobre la base de criterios objetivos y con estándares de debida diligencia y de eficiencia, que permitan satisfacer los derechos de las víctimas a obtener una efectiva reparación y las garantías de satisfacción y de no repetición.

Las garantías del debido proceso para el imputado y los derechos de las víctimas, lejos de contradecirse entre sí, se complementan mutuamente. El debido proceso no sólo cumple la finalidad de proteger los derechos fundamentales de quien está sujeto a una investigación o a un proceso de carácter penal, antes bien, constituye una forma de control de la información obtenida por parte de los agentes encargados de hacer cumplir la ley, para evitar que tenga un origen cuestionable que incida en la mala calidad de las investigaciones. La garantía de una investigación imparcial y objetiva lo constituye precisamente el debido proceso.

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