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La situación de inseguridad y violencia le duele al país. Los homicidios, violaciones, secuestros, desapariciones, extorsiones, fraudes, delincuencia organizada, ordeña de combustible, narcotráficos, entre muchos otros, se han convertido en hechos que lamentablemente vivimos cada día. La problemática actual que enfrentan los estados ha hecho que los niveles de corrupción se vean alcanzados hasta los cuerpos policiacos. Sin embargo nos encontramos que lejos de ver una solución, nos aproximamos a un problema más complejo y profundo.

Urge tener calles tranquilas y seguras, urge recuperar los espacios públicos de nuestras comunidades y ciudades, urge asegurar la integridad de nuestra familia y comunidad.

La Ley de Seguridad Interior no es la solución.

Los policías forman parte importante de los pilares del Sistema de Justicia Penal Acusatorio. Su rol como primer respondiente es fundamental para la prevención del delito así como en la carpeta de investigación, en las audiencias y en todo el aparato del sistema.

Es por esto que estamos convencidos que los graves índices delictivos y de inseguridad parten desde el fortalecimiento institucional, desde las policías. Si bien es cierto que, en México hay estados donde la corrupción ha llegado a niveles insostenibles, también es cierto que la Ley de Seguridad Interior es una solución cortoplacista que abrirá la puerta a la comisión de violaciones de derechos humanos con mayor posibilidad de dejar la policía con problemas aún más complejos de violencia.

Partamos desde el Sistema Acusatorio. Fortalezcamos las instituciones del sistema de justicia. Si el modelo policiaco actual no funciona, si el servicio civil de carrera policial no es el adecuado, si la coordinación entre operadores no es el óptimo, repensemos la institución, pero no parchemos los problemas con soluciones que provocarán situaciones nos dejarán con más división, guerra y muerte.